La Fiscalía investiga la muerte de miles de españoles en los campos de exterminio nazi

La Fiscalía investigará la muerte de miles de españoles en los campos de exterminio nazi. La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha incoado diligencias de investigación para esclarecer las responsabilidades pertinentes y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura española encabezada por Francisco Franco y el régimen nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia a diferentes campos de exterminio.

Delgado abre por primera vez una línea de investigación para aclarar la muerte de miles de españoles a manos del régimen nazi en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. Entre los campos de concentración donde perecieron destacan Mathausen (Austria) y Gusen (Alemania) donde fueron sometidos a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato. Este lunes se cumple el 80 aniversario de la liberación de Mauthausen.

Delgado sostiene que cientos de españoles fueron sometidos a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato en estos centros de exterminio. La fiscal de Sala solicitó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, liderar esta investigación tras tomar conocimiento del expediente tramitado por la magistrada del Registro Civil Central para la inscripción de la defunción de los 4.435 españoles fallecidos, principalmente en aquellos campos, muchos de los cuales no se han podido identificar aún.

El terror nazi

La incoación de estas diligencias, que pretende el esclarecimiento de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el contexto de crímenes contra la humanidad, coincide con la celebración del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen.

Mauthausen fue uno de los campos de Grado III, esto es, en los que se empleaba más dureza para combatir a los «enemigos políticos incorregibles del Reich». Están considerados los más brutales del terror nazi. Fue creado en 1938 y estuvo activo hasta su liberación el 5 de mayo de 1945 por tropas de Estados Unidos. Entonces Adolf Hitler ya se había suicidado y Berlín estaba prácticamente en manos de los soviéticos.

Se desconoce el número de víctimas exacto en Mauthausen, aunque los cálculos lo elevan a 120.000. Al centro se le conoce como el «campo de los españoles», ya que llegaron a ser recluidos unos 9.200. La mayoría eran republicanos que primero lucharon contra Franco y que luego fueron reclutados en el exilio para luchar con Francia contra los nazis. La dictadura nunca los reclamó, y la mayoría de los que sobrevivieron se quedaron a residir en el extranjero.

A principios de abril, la Fiscalía abrió por primera vez diligencias penales para investigar las torturas perpetradas por el franquismo. En concreto, las que llevaron a cabo miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en Barcelona. El Ministerio Público sostiene su deber es investigar estos casos, aunque la finalidad última no sea la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Torturas del franquismo

Los jueces habían cerrado todas las posibilidades a las víctimas hasta ahora. Para que se consideren torturas del franquismo los actos tienen que haber sido perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos. En actuaciones anteriores, la Fiscalía ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación efectiva cuya finalidad última no tiene por qué ser la persecución penal.

Las víctimas del franquismo llevan cuatro décadas reclamando sin éxito que los jueces investiguen las torturas. En septiembre, un juzgado de Madrid archivó una querella presentada por Julio Pacheco, la primera persona que declaró por estos hechos ante un juez en España. La Audiencia Provincial de Barcelona también confirmó en octubre el archivo de una querella presentada por dos hermanos, Maribel y Josep Ferrándiz, que habían sufrido torturas en la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona. Las asociaciones memorialistas hablan de cientos de querellas archivadas.